Cantabria ha vivido un 2024 intenso donde los temas en educación y sanidad han ocupado la mayoría de las portadas de los medios regionales. Algo que la presidenta autonómica paso por alto en su discurso de Navidad ya que no hizo ni un solo guiño a las reivindicaciones de los sanitarios o los docentes, estos últimos reclamando sus derechos con el histórico encierro en la sede del Ejecutivo cántabro durante diez días, al que han seguido, y es previsible que continúen, diferentes encierros en los centros educativos.

Tampoco ha hecho mención alguna a la privatización de algunos servicios de Cantur, algo que ha llevado a los trabajadores a manifestarse pacíficamente y a recibir acusaciones de violencia por parte del Gobierno del PP o a las continúas huelgas y protestas de los sanitarios por motivos como el transporte urgente o las condiciones laborales de los trabajadores. 

CANTUR

El mes de noviembre comenzaba con la adjudicación del Gobierno de Cantabria a SNÖ Hotels la gestión del Hotel La Corza Blanca de Brañavieja y de los servicios de restauración de la estación de esquí de Alto Campoo, dependientes de la empresa pública Cantur. Una decisión que motivó el enfado de la plantilla de Cantur y que se han movilizado frente al Escenario Santander en una ocasión y en el Parque Natural de Cabárceno hace días en contra de la privatización de algunos servicios de la empresa Cantur. 

DOCENTES

El pasado 19 de noviembre los integrantes de la Junta de Personal Docente de la enseñanza pública no universitaria se encerraron en el Gobierno de Cantabria en señal de protesta en la sede del Gobierno de Cantabria, protesta por "la negativa de la Consejería de Educación a negociar la adecuación retributiva". Un hecho que les ha llevado a cerrarse días después en diferentes centros educativos de la región. 

STEC, sindicato mayoritario de la Educación de Cantabria, dio a conocer ante la opinión pública hace varios días, "la deriva autoritaria de la Consejería de Educación, que no ha sabido enfrentar de mejor manera las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Pública".

Respecto a los ‘tics autoritarios’ de la Consejería, denunciaban que no acabaron con nuestra salida de Peña Herbosa, pues el traslado de los encierros a los centros trasladó igualmente los movimientos liberticidas de la Consejería. En un intento de matar moscas a cañonazos",  la Consejería emite una circular el 26 de noviembre, en la que vuelve a hacer una interpretación capciosa de la legislación, con una referencia descontextualizada a la Ley de Patrimonio para criminalizar los encierros en los centros. "Para colmo, instaba a valorar solicitar el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".  Lejos de corregir esta actitud, "la Consejería ha reincidido las siguientes jornadas de encierro en el envío de circulares similares, que no amedrentaron ni van a amedrentar al colectivo docente, decidido a reclamar la pérdida de poder adquisitivo que le corresponde tras casi 17 años esperando".

La última ocasión que denuncia el sindicato en que la Consejería ha mostrado "su verdadera cara" ha sido el pasado miércoles, cuando acudimos a su solicitud de decorar el árbol de Navidad con lazos verdes y postales en que le deseábamos una “feliz adecuación salarial”, pero no nos permitió el acceso al edificio público.

SANIDAD 

El transporte sanitario urgente ha sido otro de los polémicos temas esta vez en materia sanitaria.  A principios del mes de noviembre, la Federación UGT-Servicios Públicos interponía un conflicto colectivo en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) por el impago de la primera nómina salarial de la nueva concesionaria del transporte sanitario programado de Cantabria, DIAVIDA, en las fechas estipuladas por los convenios colectivos de aplicación en el servicio "con el consiguiente perjuicio económico" para sus 136 trabajadores.

Tras esto, DIAVIDA, denunciaba un “sabotaje” en sus ambulancias indicado que “un loco” había cortado los frenos. “Sabemos que hay problemas en la gestión del servicio, sabemos que están dejando de pagar a los trabajadores y que el mantenimiento de las ambulancias es deficitario”, manifestaba Pablo Zuloaga,  secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, ante la noticia del “sabotaje” y la acusación a los trabajadores de este servicio, haciendo hincapié en que el servicio que se está prestando no es el adecuado.

El domingo 15 surgió una nueva concentración para denunciar el estado del transporte sanitario urgente, una protesta que respaldaron cientos de personas en Castro Urdiales para exigir una sanidad pública de "calidad" y la mejora del transporte público a los hospitales de referencia en Cantabria -Laredo y Valdecilla- desde el municipio.

Pero, no solo las denuncias tienen que ver con el transporte, ATI ha hecho saber en más de una ocasión "la caza de brujas" de la Consejería de Salud contra los técnicos de enfermería. El sindicato explicó en un comunicado que desde el Gobierno del PP “se han amortizado 17 plazas en el servicio de rayos, trauma, ortopedia, salud mental y anestesia”, a las que se suman “otras tantas que, con motivo de la privatización reciente, también fueron amortizadas”. ATI, además, ha acusado al departamento que dirige César Pascual de “seguir maquinando destruir” más plazas “tras la toma de posesión de quienes estabilizan de manera extraordinaria por ley, y bajo mandato de Bruselas al existir una interinidad extremadamente alta en la sanidad de Cantabria”.