El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Política Social y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), impulsa la habilitación profesional de las personas que trabajan en los centros del Sistema Público de Atención a la Dependencia de Cantabria, que sin tener la titulación necesaria, dispongan de experiencia profesional o formación en la materia.

Para ello, se promueve un procedimiento de habilitación excepcional y otro de carácter provisional para que los gerocultores, cuidadores, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales puedan trabajar en el sector, según ha informado en un comunicado el Ejecutivo regional.

La puesta en marcha de estas medidas responde a la decisión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de fijar criterios comunes de acreditación de calidad en los centros y servicios sociales, entre los que se encuentran los relacionados con la calidad en el empleo que van dirigidos a promover la profesionalidad y potenciar la formación de las personas empleadas.

En este sentido, en breves días se publicará la orden en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) por la que se establece el procedimiento de habilitación excepcional para aquellas personas que tengan experiencia en las categorías profesionales de gerocultor, cuidador, auxiliar de ayuda a domicilio y asistente personal en centros y servicios de atención a la Dependencia.

La habilitación excepcional se otorgará a las personas que acrediten una experiencia de tres años, a contar a partir de 31 de diciembre de 2017, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente o que, sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida, hubieran trabajado y tengan un mínimo de 300 horas de formación relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar en los últimos 12 años.

Asimismo, se habilita un procedimiento de habilitación de carácter provisional para garantizar la estabilidad en el empleo, a la que podrán acogerse todas aquellas personas que hubieran trabajado con anterioridad al 31 de diciembre de 2017 y que, sin haber alcanzado los requisitos para una habilitación excepcional, se comprometan mediante declaración responsable a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral que se realicen o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha en la que concluye la obligatoriedad de cualificación profesional de los trabajadores, impuesta por el Consejo Territorial.

Asimismo, se determina qué municipios del ámbito rural puedan contratar personas en las categorías profesionales indicadas aunque carezcan de la titulación, certificados o habilitaciones, si se acredita por las oficinas de empleo la inexistencia de demandantes de empleo en la zona con las cualificaciones requeridas hasta que existan demandantes con las cualificaciones oportunas.