El Gobierno de Cantabria ha autorizado este jueves el convenio con el Ministerio de Fomento para ejecutar el Plan Estatal de Vivienda, que prevé una inversión superior a los 35,6 millones de euros hasta 2021, financiada en un 23% por la comunidad autónoma, con una aportación de 8.225.100 en los cuatro próximos años. Formalizado este trámite, Cantabria espera ser una de las primeras comunidades autónomas en formalizar el acuerdo con el Estado para iniciar la ejecución de un plan que prevé una inversión en políticas de vivienda de 35.642.100 euros hasta 2021, de los cuales aportará el 23% (8.225.100 euros), mientras que el Gobierno central sufragará el 77%, con 27.417.000 euros. Estas cantidades estarán destinadas a programas de ayuda al alquiler, a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, a fomento del parque de vivienda en alquilar, acciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de vividas; conservación, mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad; fomento de la regeneración y renovación urbana y rural; ayuda a los jóvenes, y promoción de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad. El plan prevé inversiones anuales en torno a los 9 millones de euros. En concreto y para el presente año 2018 el convenio recoge 8.645.000 euros; 8.817.900 en 2019, 8.990.800 en 2020, y 9.188.400 en 2021.

Éste ha sido uno de los principales acuerdos del Ejecutivo en su reunión de este jueves, en la que también ha dado el visto bueno a la concesión de ayudas por un total de 800.000 euros a propietarios de barcos pesqueros y cofradías de pescadores. En concreto, se aprobaron ayudas por valor de 500.000 euros para financiar inversiones a bordo de buques pesqueros, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Estas ayudas, con 33 beneficiarios, son para la mejora de la eficiencia energética y mitigación del cambio climático mediante inversiones a bordo. Y se concedieron ayudas por importe de 300.000 euros a las cofradías de pescadores San Martín de Laredo, San Ginés de Colindres y Santoña, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. También dentro de Medio Rural, Pesca y Alimentación, se autorizó la encomienda a Tragsa del servicio de apoyo a la puesta en marcha de diversas acciones del Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, con un coste de 225.295 euros. Tragsa apoyará en la mejora y especialización del operativo de incendios forestales para aumentar sus capacidades técnicas, reforzando su eficiencia y velando por el desarrollo del trabajo de forma protocolizada y segura, así como en el diseño y puesta en marcha de un programa operativo de quemas prescritas.

Por su parte, en el ámbito de Educación, Cultura y Deporte se aprobó el decreto por el que se establecen los servicios mínimos en la jornada de huelga en el sector educativo convocada por la Junta de Personal Docente para los próximos días 14 y 20 de junio.

Además, el Consejo de Gobierno ha posicionado sobre la proposición de ley presentada por Podemos para promover medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de fracking. Según el Ejecutivo autonómico, las medidas que plantea esta proposición ya se encuentran incluidas en la Disposición Adicional Segunda del anteproyecto de Ley de Control Ambiental Integrado, que en este momento se encuentra pendiente de informe de la Dirección General del Servicio Jurídico antes de su aprobación como proyecto de ley. Ante este hecho, el Gobierno ha decidido que continuar con la tramitación del anteproyecto es el procedimiento más adecuado desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la participación ciudadana. También dentro del área de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social se aprobó un decreto de modificación parcial conjunta de la estructura orgánica y la relación de puestos de trabajo del personal funcionario del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) para desdoblar algunos puestos "sobrecargados en exceso" de trabajo. Además, da cumplimiento al acuerdo adoptado por la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo para incorporar una especialidad en la categoría oficial de oficios, mediante la creación de una plaza de técnico de laboratorio. También se amplían las titulaciones de acceso para el desempeño del puesto de jefe de sección de educación ambiental y participación pública.

Finalmente, el Consejo de Gobierno concedió una subvención de 80.000 euros a Koopera Servicios Sociales y Formación para desarrollar acciones de inserción social de personas perceptoras de la Renta Social Básica en situación de vulnerabilidad social.