La entrada en vigor de la bajada del límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en vías convencionales, la reforma y actualización del carné por puntos y la obligatoriedad de asistir a clases teóricas presenciales para sacarse el permiso de conducir, son algunos de los cambios que llegarán en 2019 en materia de Seguridad Vial.

Una de las medidas 'estrella' del actual Ejecutivo es hacer desaparecer la actual diferenciación de limitaciones genéricas entre 90 km/h y 100 km/h por hora existente para los turismos y las motocicletas en vías convencionales de un solo carril, estableciendo una limitación general de 90 km/h. Esta medida, que se aprobó en el último Consejo de Ministros de 2018, podría entrar en vigor entre finales de enero y febrero. La nueva normativa tendría que aparecer en el BOE, previsiblemente en la primera semana de enero de 2019 y, a partir de esa fecha, la DGT ha puesto un plazo de 30 días para que los titulares de las vías cambien las señales de tráfico. Una vez cambiadas, empezaría a aplicarse la medida.

La apuesta por reducir la velocidad no se queda ahí. Según aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en diciembre, la modificación del Reglamento General de Circulación en la que está trabajando la DGT también incluirá el límite de 30 km/h para las vías urbanas de un solo carril. Una medida que, aunque está presente en algunas ciudades, no está regulada a nivel estatal.

La DGT también espera reformar el carné por puntos, un sistema que fue implantado en 2006 precisamente cuando Navarro estuvo al mando del organismo de 2004 a 2012. La actualización de Tráfico pasa por aumentar la pérdida de puntos por realizar aquellos comportamientos que considera "peligrosos" en la conducción: uso del móvil; falta de uso o uso incorrecto de sistemas de seguridad (cinturón, casco o sillita infantil); y exceso de velocidad.

Según se desprende del borrador del anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley de Tráfico --que se prevé que entre en vigor en 2019 aunque aún no hay fecha fijada--, la DGT pretende quitar 6 puntos por utilizar el móvil al volante --actualmente penado con 3 puntos--, equiparando así este comportamiento a: conducir con presencia de drogas en el organismo; al consumo de alcohol (más del doble de la tasa máxima permitida; a conducir de forma temeraria; con exceso de velocidad; a circular en sentido contrario al establecido; participar en carreras o competiciones no autorizadas; o utilizar mecanismos de detección de radares.

La reforma normativa que prepara la DGT también recoge algunos cambios en el sistema de formación vial y de exámenes, tanto teóricos como prácticos. La medida más importante es la obligatoriedad de pasar un curso de formación teórica presencial para poder examinarse del teórico --de 8 horas en general y de 6 horas para permisos AM, A1 y A2 (ciclomotores y motocicletas de distinta cilindrada)--, una norma que pretende ser una realidad el 1 de julio de 2019, según consta en el borrador del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Conductores.

Con respecto al examen práctico, Tráfico quiere que, por cada no apto, el alumno tenga que recibir 5 clases de conducir antes de poder presentarse de nuevo al examen.

Reforma del código penal y planes de vulnerables 

Además de la reforma de la Ley, también se modificarán en 2019 varios puntos referentes a la Seguridad Vial del Código Penal, al encontrarse en trámite parlamentario. Por el momento, la reforma, que ya se ha aprobado en el Pleno del Congreso, contempla el endurecimiento de las penas (de 4 a 9 años de cárcel) por imprudencias al volante al incluir como agravantes el exceso de velocidad y el consumo de drogas o alcohol; la penalización de nuevo de las lesiones causadas por estas conductas; y la creación de un nuevo delito por abandono del lugar del accidente.

Asimismo, la DGT se encuentra trabajando en dos Planes, el de la Bici y el de la Moto. Con respecto al Plan Estratégico de la Bicicleta, que se está desarrollando junto a la DGT, el Ministerio de Fomento, el de Interior y Transición Ecológica, se trata de una acción coordinada para desarrollar la bicicleta en España como medio de transporte. Desde hace meses, se están abordando reuniones de carácter consultivo con diferentes entidades para alcanzar este Plan, que llevan reivindicando desde hace años colectivos y asociaciones ciclistas. Igualmente, se prevé aprobar un Plan Nacional de la Motocicleta, que supondría una actualización del de 2006. Entre las propuestas que maneja Tráfico se encuentra la de obligar a los motoristas a llevar guantes y un determinado tipo de calzado para circular.

Auge de patinetes y conflicto de examinadores 

Por otro lado, 2019 se convertirá probablemente en el año de consolidación de los patinetes eléctricos. Frente a su rápida proliferación en las ciudades durante 2018, la DGT se ha visto obligada a anunciar en tiempo récord a lo largo del año una serie de medidas básicas encaminadas a la adaptación de este Vehículo de Movilidad Personal (VMP) a los entornos urbanos.

Entre las medidas que estudia la DGT, se encuentran la prohibición de que los patinetes circulen por la acera --en su defecto se aprovecharían los carriles bici--, la prohibición de usar auriculares, la limitación de la velocidad a 25 kilómetros por hora. Y se baraja la posibilidad de que sus usuarios puedan ser sometidos a test de alcoholemia y drogas. Además, el ministro del Interior ya planteó la posibilidad de exigir un seguro obligatorio a sus usuarios.

Según datos de Fiscalía, los patinadores han atropellado a más de 200 peatones en los primeros meses de 2018, aunque advierte de que la cifra subirá. Hasta la fecha, tres personas han fallecido como consecuencia de un accidente en el que estuvo implicado un patinete: una patinadora que murió arrollada por un camión en Sabadell; una mujer que falleció tras haber sido atropellada por un patinete en Esplugues de Llobregat; y un patinador que perdió la vida en la carretera A-386 en La Rambla (Córdoba) tras ser atropellado por un coche.

Pese a su irrupción en el escenario de la movilidad, todo apunta a que 2018 podría cerrar con un descenso de los fallecidos en carretera después de dos años de repuntes (2016 y 2017), pues hasta el 30 de diciembre han perdido la vida, al menos, 1.169 personas, frente a las 1.198 que fallecieron en 2017, a falta de dos días para que cierre 2018. Si bien expertos y Tráfico auguran un aumento de las víctimas mortales en vías urbanas.

El nuevo año podría convertirse también en el año que cierre definitivamente el conflicto con los examinadores de Tráfico. Este colectivo lleva pidiendo desde 2008 un aumento retributivo, en concreto, del denominado complemento específico, una medida que quedó reflejada en los PGE 2018 pero que nunca se ha llegado a ejecutar por errores de trámite.

Los últimos movimientos de estos funcionarios se produjeron en este mes de diciembre, cuando convocaron huelga del día 10 al día 21 para exigir la ejecución de lo prometido en los Presupuestos, si bien protagonizaron la huelga más larga de la democracia española (casi seis meses) durante 2017. Sin embargo, el mismo 10 de diciembre decidieron desconvocar la huelga al llegar a un acuerdo con la DGT.

En dicha reunión se acordó que Tráfico abonaría el importe correspondiente a la cuantía estipulada en los PGE 2018 y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018. También se acordó la adición de una disposición adicional a los PGE 2019 que permitirá aplicar este incremento demandado.