El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander ha sobreseído provisionalmente el procedimiento penal abierto contra la que fuera directora general de Ganadería del Gobierno de Cantabria, Beatriz Fernández, y contra su esposo por la comisión de un posible delito de tráfico de influencias. La causa se inició por denuncia de la Fiscalía y se archiva, precisamente, a petición del ministerio público, quien no encuentra pruebas que le permitan afirmar que el esposo de la exdirectora de Ganadería se prevalió de su relación marital para obtener un beneficio. Este procedimiento penal provocó en abril del año pasado la dimisión como directora general de Ganadería de Beatriz Fernández, nombrada en julio de 2015, quien alegó como motivo "razones personales". En un auto que ha sido notificado este miércoles y contra el que cabe recurso, el magistrado archiva la causa "por no aparecer suficientemente justificada la perpetración del delito que dio origen a las presentes diligencias". Las mismas se iniciaron por una denuncia del ministerio fiscal, que ahora, tras analizar todo lo instruido, solicita el sobreseimiento de la causa, ya que "no encuentra esta parte las pruebas, más o menos evidentes, para afirmar que el imputado realizó esa proposición y que se estaba prevaliendo de las relaciones personales para la consecución de sus fines".

En la misiva, el investigado afirmaba haber "empujado" a su esposa y al consejero del ramo a optar por tal empresa

El auto del juez asume en su integridad y reproduce el informe del ministerio público, que explica que el origen de las diligencias se encuentra en un correo electrónico que el marido de la exdirectora escribió a su letrado y que, por error, reenvió a otra persona y llegó a manos de la administradora concursal de la empresa en la que anteriormente el investigado había trabajado, quien lo puso en conocimiento de la fiscalía. El investigado es veterinario de profesión y durante años trabajó en la empresa que se encargaba tiempo atrás de la prestación de servicios veterinarios a la cabaña ganadera de Cantabria. En el momento de producirse los hechos, era otra la empresa encargada de tal actividad, y, ante los problemas surgidos con los ganaderos, la propia Consejería del ramo estaba replanteándose modificar el sistema de vigilancia veterinaria o el cambio de empresa. En ese contexto, el investigado escribió un correo electrónico a su abogado en el que aludía a la posibilidad de que sea otra empresa la que asuma tales servicios y a que la misma pueda contar con él, que se encontraba en ese momento en situación de paro. En la misiva, el investigado afirmaba haber "empujado" a su esposa y al consejero del ramo a optar por tal empresa, así como que se había entrevistado él mismo con el consejero y éste había considerado que era una idea estupenda. Al tener conocimiento de la misiva electrónica, la Fiscalía presentó denuncia y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santander inició unas diligencias penales, en el marco de las cuales se tomó declaración a los dos investigados y a cinco testigos: el consejero del ramo, el responsable de la empresa en la que estaba interesado el investigado, dos jefes de servicio de la Dirección General de Ganadería y el presidente de Asaja.

Tras analizar en su conjunto toda la instrucción, el fiscal concluye que "no tenemos tan clara la culpabilidad de los imputados". Sobre la exresponsable de Ganadería, señala el fiscal que "para que hubiera cometido el delito, debería haber recibido de su marido una proposición claramente dirigida al que parece racionalmente el objetivo del imputado", lo que considera que no se ha probado. En este punto, analiza su declaración, en la que la exdirectora reconoció que entre sus funciones estaba la de analizar distintas propuestas, no así tomar decisiones, y calificó de "fábula" lo dicho por su marido. Y también se refiere el fiscal a la declaración prestada por los testigos. El consejero dijo que la investigada "nunca le habló de su marido, ni de la empresa de su marido, y que nunca ha sido empujado a contratar" a la otra empresa. Por su parte, los jefes de servicio y el presidente de Asaja no conocen "ningún tipo de presión", y el responsable de la empresa que el investigado pretendía que fuera contratada no descubre "conducta indebida ante él por parte de la imputada". Finalmente, en lo concerniente al investigado principal, el fiscal tampoco encuentra pruebas que prueben el delito. El consejero se mostró "tajante" al afirmar que nunca fue empujado a tomar una determinación, mientras que ninguno de los otros cuatro testigos contradice al consejero. Por tanto, concluye el fiscal, y lo corrobora el juez, que no existen pruebas para afirmar que el investigado se prevalió de sus relaciones personales para la consecución de sus fines. Sólo apunta al correo electrónico, "negado claramente en su seriedad y realidad, es decir, en su intencionalidad o dolo, por el mismo investigado en la misma declaración que no niega su existencia o contenido".