AMA volverá a Bruselas diez años después, decepcionada por el “lento” trabajo y la “falta de recursos” de las Administraciones de Cantabria

Representantes de los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, agrupados en AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), han mostrado su "tristeza" y "decepción" tras la reunión mantenida este martes con miembros del Gobierno de Cantabria, que les han reiterado sus "buenas palabras e intenciones" pero han admitido que no hay "recursos" suficientes para afrontar los convenios que los perjudicados suscribieron con la administración para solventar y compensar su situación. Ante esto, y teniendo en cuenta además el "lento" trabajo de los ayuntamientos implicados en la elaboración de sus respectivos planes urbanísticos, el colectivo ha anunciado que volverá a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para informar, "diez años después" de acudir a esta institución de Bruselas, de su situación actual.

Así lo ha avanzado el presidente de AMA, Antonio Vilela, al término del encuentro en la sede del Ejecutivo, en el que han participado la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos (PSOE); el responsable de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra; y el titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria (PRC), por parte del Gobierno. También han acudido a la cita los alcaldes de los ayuntamientos en los que hay viviendas sobre las que pesa sentencias de demolición: Verónica Samperio (PSOE), de Piélagos; José Manuel Igual (PP), de Arnuero; Juan José Barruetabeña (PP), de Argoños; y Juan José Alonso (PP), de Escalante.

Al finalizar la reunión Vilela ha expresado en nombre de la asociación que preside la "tristeza y decepción" de sus integrantes porque "el tiempo sigue pasando" y ven "muy difícil" que su problema se resuelva "de manera satisfactoria" para los afectados debido, entre otros motivos, a que no se ha podido "conseguir que haya recursos para afrontar las responsabilidades a las que han sido condenadas las Administraciones públicas". Se ha referido así a los convenios que los afectados firmaron con el Gobierno, que han sido enviados por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, estando "en curso" la petición de que lleguen a "todos" los perjudicados. Sobre la indemnización recogida en dichos acuerdos, AMA ha registrado una petición para que se apliquen de manera "inmediata", extremo que "estudiará" el Ejecutivo, según les ha trasladado, al tiempo que les ha admitido que "no hay recursos".

En la reunión, en la que todas las partes han coincidido en trabajar para cumplir la Declaración Institucional aprobada por el Parlamento de Cantabria en lo que queda "de esta legislatura", también se ha abordado la situación de los diferentes planes generales de ordenación urbana municipal.

En Piélagos, la alcaldesa les ha trasladado que espera que el PGOU esté aprobado de forma definitiva antes de mayo del próximo año, aunque Samperio ha reconocido que no será "fácil", al tratarse de un planeamiento urbanístico "complicado", al que se han presentado más de un millar de alegaciones.

El de Arnuero, en cambio, está "muy avanzado", toda vez que está ya aprobado de forma definitiva, así como el correspondiente Plan Parcial. También se ha realizado ya la expropiación y compra de terrenos para la construcción de viviendas de sustitución para los afectados por las casas condenadas al derribo, ha indicado Igual a AMA.

En Argoños el PGOU está aprobado inicialmente, a la espera de que la aprobación definitiva se produzca a lo largo de 2018. No obstante, el Ayuntamiento tiene "problemas económicos" para abonar las sentencias, lo que a su vez "genera importantes intereses de demora".

Finalmente, el plan urbanístico de Escalante lleva aprobado "casi dos años", y está pendiente de informes jurídicos del Gobierno de Cantabria, como ha apuntado el alcalde al colectivo.

"El trabajo de los ayuntamientos es demasiado lento para llevar su desarrollo urbanístico ante los jueces y existe una enorme inseguridad jurídica de los afectados por el futuro de sus viviendas", lamenta AMA.