Acusados de introducir y distribuir droga en El Dueso evitan el macrojuicio
Para introducir la droga en la prisión, los colaboradores de los internos lanzaban paquetes en ocasiones por encima de los muros de la cárcel
La Fiscalía ha llegado a un acuerdo con la mayoría de las 42 personas encausadas por colaborar en la introducción y distribución de droga en el penal de El Dueso, en Santoña, a quienes ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y ha reducido las penas de cárcel, que en el caso de los cabecillas pasa de siete años y medio a tres años. Hasta 37 de los 42 acusados han dado su conformidad ante el juez Agustín Alonso –el resto están citados mañana miércoles–, lo que evitará la celebración del macrojuicio que la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria tenía señalado desde hoy martes y hasta el próximo 23 de octubre. De esta forma, la sentencia se ajustará estrictamente a lo aceptado por los acusados y una vez dictada será firme. Así se lo ha explicado el juez a los acusados en la vista celebrada en el salón de actos de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ha tenido que ser reconfigurada para acoger a tan alto número de acusados y sus correspondientes abogados. Además, los familiares han podido seguir la vista por televisión desde otra sala.
El fiscal ha contemplado la atenuante de dilaciones indebidas en su grado máximo
El fiscal ha contemplado la atenuante de dilaciones indebidas "muy cualificada", es decir en su grado máximo, al entender que la causa ha sufrido desde su inicio en 2009 "retrasos no imputables a los investigados e injustificados para la naturaleza de la misma". Además, ha aplicado a diez acusados la atenuante simple de toxicomanía. Tras dos horas en las que el fiscal y los abogados han cerrado los flecos del acuerdo y ya una vez en la sala, el juez ha preguntado uno a uno a cada acusado si conoce los hechos de los que se le acusa y si están de acuerdo con las penas modificadas por el fiscal. Tras mostrarse conformes y firmar el acta, han ido abandonando progresivamente la sala. Después se ha hecho lo mismo, pero por videoconferencia, con dos acusados que están internos en cárceles de Sevilla y Tenerife. Otros tres acusados han acudido a la vista custodiados por policías desde El Dueso, donde cumplen actualmente condena por otros motivos, según han informado fuentes judiciales. El trámite se completará mañana miércoles con tres acusados que estaban citados para la segunda jornada del juicio, y se ha enviado orden de presentación a otros dos que no han comparecido hoy.
La investigación se inició en 2009 a raíz del fallecimiento de un recluso por una sobredosis, y de diversos ingresos y atenciones de urgencias de otros internos por el mismo motivo. Según consta en el relato del fiscal, varios internos del penal, con la "esencial y necesaria colaboración" de terceros o familiares de su confianza se dedicaban a conseguir droga en el exterior, especialmente heroína y hachís, a su introducción en el centro, su distribución en el interior a diversos reclusos, y al cobro a través de giros postales, transferencias bancarias... Se identificaron hasta cuatro grupos dedicados a estas tareas, liderados por internos a los que ayudaban desde fuera novias y hermanos, o el padre en uno de los casos. La Guardia Civil la denominó Operación Berria, duró más de un año y fue la mayor operación contra el tráfico de drogas en las cárceles que se había realizado en España hasta ese momento –octubre de 2010– por su complejidad y por el número de personas involucradas. En principio, se consideró que los traficantes eran tres internos que se servían de familiares y amigos para conseguir la droga e introducirla en el penal, pero a medida que avanzaba la investigación se pudo comprobar que el entramado era más complicado de lo que parecía y había muchas más personas involucradas.
Lo más habitual era que utilizasen a sus familiares o a los de otros internos
Para introducir la droga en la prisión, los colaboradores de los internos lanzaban paquetes en ocasiones por encima de los muros de la cárcel, pero lo más habitual era que utilizasen a sus familiares o a los de otros internos, que ocultaban los estupefacientes en el recto o en la vagina aprovechando las comunicaciones vis a vis. Era entonces cuando entregaban la droga al interno, que a su vez la ocultaba también en el recto para evitar ser descubierto en cacheos posteriores a los vis a vis y en los regresos de los internos en sus permisos. El pago de los estupefacientes se realizaba entregando códigos de giros postales por el valor convenido de venta, o bien transferencias a diferentes cuentas bancarias. Los investigadores determinaron que no se trataba de un sólo grupo organizado el que traficaba con la droga, sino que había varios perfectamente estructurados e independientes entre sí, y que el cabecilla de cada grupo era el que realizaba la venta y otras personas o familiares directos eran los que se encargaban de cobrar los giros, así como de adquirir nuevas partidas.