La Audiencia Provincial juzgará a partir de este martes 14 a las 9.30 horas a nueve comerciales de una empresa de seguridad privada acusados de cobrar incentivos indebidos. Según la acusación particular, que ha ejercido la empresa en cuestión, el sistema de retribución que a modo de incentivo se aplicaba para el personal comercial era progresivo, de modo que a mayor número de contratos vendidos más comisionaban.

Los únicos que podían autorizar modificaciones en el sistema informático son tres de los acusados: el gerente comercial de la zona norte, el jefe de ventas de Santander, Castro Urdiales y Vitoria, y el jefe de equipo de Castro Urdiales, por lo que las empresa les acusa de manipular y falsear los ficheros. Con esas modificaciones, asignaron a determinados comerciales -también acusados-, operaciones de ventas que no habían realizado ellos, sino otros comerciales, con el fin de que tuvieran mayor actividad y mayores incentivos.

COMISIONES E INCENTIVOS

Según sostiene la empresa, todos los acusados cobraron y se repartieron 32.000 euros en comisiones no generadas e infladas a consecuencia del ilícito aprovechamiento del sistema de retribución progresivo. Además, los tres responsables también cobraron 4.000 euros en incentivos por productividad no real.

Por ello, se considera a todos ellos autores de un delito continuado de estafa y, además, a los tres que ostentaban cargos de responsabilidad también les atribuye un delito continuado de administración desleal y otro continuado de falsedad en documento privado. Las penas solicitadas para estos tres suman 14 años de prisión y 108.000 euros de multa, mientras que para cada uno de los comerciales pide tres años de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, se reclama que todos ellos indemnicen de manera conjunta y solidaria a la empresa en 36.000 euros. Por su parte, la fiscalía solo acusa al gerente de la zona norte, quien, a su juicio, propuso a varios comerciales de la empresa poner a su nombre contratos que no habían realizado ellos sino otros comerciales (habitualmente empleados que no habían pasado el periodo de prueba) y repartirse la comisión.

Entiende el ministerio público que el acusado manipuló en varias ocasiones datos del sistema informático para facilitar comisiones indebidas a un empleado, solicitando a este que luego se la entregara. Por ello, le acusa de un delito de estafa merecedor de dos años de prisión y el pago de una indemnización a la empresa de 1.200 euros.