105 lobos han sido abatidos desde 2015 hasta el pasado 31 de octubre en Cantabria
Oria tilda de “incomprensibles” las palabras de Zuloaga.
Un total de 105 lobos han sido abatidos desde 2015 hasta el pasado 31 de octubre en Cantabria con la autorización del Gobierno autonómico PRC/PSOE. Así lo han reconocido hoy miércoles en rueda de prensa el consejero de Medio Rural, Jesús Oria, y el director general de Medio Natural, Antonio Lucio, que ha detallado que 17 fueron abatidos en 2015, 31 en 2016, 40 en 2017 y 17 hasta el pasado 31 de octubre.
Desde 2015 hasta el pasado 31 de octubre han sido autorizadas 998 muertes de lobos
Los miembros del Ejecutivo han recordado que las autorizaciones para matar lobos –“controles poblacionales”– pueden ir dirigidas a guardas de la Dirección General de Medio Natural o a cazadores, y estas últimas pueden ser para batidas incluidas en cacería de jabalí o para batidas extraordinarias. Según datos aportados hoy por Lucio, desde 2015 hasta el pasado 31 de octubre han sido autorizadas 998 muertes de lobos –176 dirigidas a guardas, 700 para batidas incluidas en cacería de jabalí y 122 para batidas extraordinarias–, 867 de ellas en la Reserva del Saja, 106 en cotos de caza y 25 en vedados y otras zonas.
Oria y Lucio han salido así al paso de los sectores que les están acusando de “no hacer nada” contra el lobo, han vuelto a justificar su marcha atrás para seguir permitiendo a los cazadores matar lobos y han insistido en que en la Mesa del Lobo “no había consenso” sobre sacar al lobo de la categoría de especie cinegética, aunque a preguntas de la prensa han reconocido que sólo uno de sus miembros, vinculado precisamente al lobby antilobo, era partidario de no hacerlo.
Por otro lado, Oria (PRC) ha negado “inacción” en la gestión del lobo y ha tildado de “incomprensibles” las palabras del secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno español en la comunidad autónoma, Pablo Zuloaga, sobre el problema, y ha esperado que la “preocupación” de Zuloaga se traduzca en una colaboración del Ejecutivo central en el pago de los daños a los ganaderos o en medidas compensatorias.