El Juzgado de la Contencioso Administrativo nº 2 de Santander ha dictado sentencia rechazando la pretensión de la empresa Laherrán de anular la resolución del Ayuntamiento de Piélagos del 25 de febrero de 2016, por la que se declaró clandestina la actividad de molienda y clasificación de áridos de la cantera de Arce.

Dicha resolución municipal incluía la clausura de la actividad, hasta el momento de su legalización, en su caso, así como la incoación de expediente sancionador por la presunta comisión de una infracción urbanística grave.

La sentencia, fechada el 12 de septiembre, ha sido difundida por Ecologistas en Acción, junto con un comunicado de prensa en el que señala que, en el mismo procedimiento judicial, la empresa había solicitado medidas cautelares para seguir funcionando, cuestión que se le había concedido "con el apoyo manifiesto" -dice- del Ayuntamiento de Piélagos.

"Dictada sentencia, y una vez sea firme, cesan las medidas cautelares y por lo tanto cobra vigencia la resolución municipal de febrero de 2016 que ordenaba la clausura de las actividades", subraya EA.

Los ecologistas explican que esta sentencia del Juzgado nº 2 se une a otra del Juzgado nº 3 dictada en enero de este año, y confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC el pasado mes de julio, en la que la empresa Laherrán "perdió su recurso ante la decisión del Ayuntamiento de exigir licencia de actividad".

"Dictada sentencia, y una vez sea firme, cesan las medidas cautelares y por lo tanto cobra vigencia la resolución municipal de febrero de 2016 que ordenaba la clausura de las actividades".

Ambos contenciosos arrancan de las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción Cantabria contra la ilegalidad de las actividades en la cantera Laherrán de Arce, cuyos vecinos "acudieron a la asociación demandando ayuda".

El Ayuntamiento ordenó el cese de actividades, por carecer de licencias de actividad y obra, tanto la extracción de piedra como las plantas de transformación que venían funcionando desde hace más de 60 años.

El Juzgado no entra en el fondo del asunto, que ya se había juzgado en el anterior contencioso, y señala que la empresa inició un recurso contencioso sin haber finalizado el plazo de resolución del recurso que había presentado ante el Ayuntamiento por la orden de clausura de sus actividades.

Se condena al pago de las costas a la empresa, que puede interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días desde su notificación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

"VERGÜENZA Y FALTA DE ELEGANCIA"

En la sentencia, el juez Luis Acayro Sánchez afirma que "produce vergüenza la falta de elegancia y el desprecio" con el que el abogado que representa a la empresa "se refiere a una parte del procedimiento", la asociación ecologista y los vecinos, a los que tilda de "perroflautas".

Por último, Ecologistas en Acción señala que con esta segunda sentencia perdida por la empresa, "queda demostrada la ilegalidad total de las actividades que Laherrán mantiene activas desde los años 50 del siglo pasado, con unos ayuntamientos que durante más de 60 años han mirado para otra parte a pesar de las denuncias de los vecinos del barrio de Arce que sufrían molestias por el ruido y daños por vibraciones y lanzamientos de fragmentos de roca, pues la cantera y sus empresas de transformación están a escasos 100 metros de las viviendas".