Izquierda Unida de Piélagos ha exigido que se depuren las responsabilidades políticas y también patrimoniales que se deriven del derribo de las 214 viviendas ilegales del Alto del Cuco, cuya demolición ha comenzado este viernes.

Se trata de "un día histórico", en palabras de Rubén V. Carrillo, portavoz de IU en el Ayuntamiento, que considera que "todas" las personas que apoyaron el Plan Parcial que permitió la ejecución de la urbanización deben asumir responsabilidades políticas, "empezando" -ha puntualizado- por los concejales que aprobaron dicho plan el 23 de marzo de 2004 y que aún conservan su acta: José Manuel Alegría, Eva Arranz y Celestino Cobo y José Antonio Castañeda.

"Por decencia política, deberían dimitir", señala el portavoz de la formación de izquierdas en el municipio, en un comunicado en el que también se pregunta por qué deben pagar los ciudadanos de Piélagos los 3'7 millones de euros que va a costar la demolición de las casas y la regeneración del monte, cuantía que adelanta ahora el Gobierno al Ayuntamiento para su devolución en diez años.

En este sentido, Carrillo apunta que se trata de un Plan Parcial "fomentado por una empresa privada y apoyado por personas concretas, con nombres y apellidos, igual que aquellas que concedieron las licencias". En consecuencia, IU exige al equipo de gobierno que estudie "todas las vías" para que "quien la hizo, la pague", y "no cueste ni un euro" a los vecinos Piélagos.

Además, desde IU estarán vigilantes por si la regeneración ambiental y paisajística no se hace "de manera correcta". Para este partido, la urbanización del Alto del Cuco es "el emblema" de la burbuja inmobiliaria en Cantabria.

A ojos de Carrillo, la construcción de estas viviendas en un monte donde se habían proyectado 400 supone "un atentado paisajístico", al tener que "cortar" para acometer la actuación urbanística un monte en un espacio de especial protección. Además, las viviendas están "totalmente desintegradas de cualquier núcleo preexistente".

Y aunque en la formación de izquierdas sienten "alegría" por la ejecución de la sentencia firme de demolición que pesaba sobre las viviendas, avisan que no van a bajar la guardia, de ahí que vayan a pedir responsabilidades políticas y patrimoniales que se deriven de la ejecución del fallo judicial.