El fiscal ha solicitado penas de prisión de hasta 8 años y 8 meses y multas que alcanzan los 600.000 euros a una veintena de acusados de integrar una red que introducía drogas en el centro penitenciario El Dueso, en Santoña.

El ministerio público considera a los 24 procesados, de nacionalidad española y marroquí, autores de diversos delitos contra la salud pública, de drogas -que causan grave daño y no tan grave-, así como de pertenencia a grupo criminal y dos de ellos también como responsables de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Según el escrito de esta acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la operación de tráfico de droga en la cárcel se inició en noviembre de 2014, cuando un preso tuvo que ser evacuado y atendido de urgencia en el Hospital Valdecilla.

El día anterior había regresado de un permiso con más de 770 gramos de hachís ocultos en su cuerpo -643 bellotas de diez gramos cada una y trozos de 127 gramos- y al romperse algunos de ellos, sufrió una sobredosis con pérdida de conciencia que requirió tratamiento médico e ingreso hospitalario.

El valor de la sustancia analizada, que había sido introducida en el penal para su distribución entre otros internos, habría superado los 4.000 euros en el mercado ilícito.

A partir de este suceso, la Guardia Civil inició una investigación sobre mecanismos de introducción de droga en El Dueso, las vías de pago y, en su caso, blanqueo, así como las personas responsables de estos hechos. Entre las pesquisas realizadas figura el análisis de extractos bancarios de sospechosos.

De estas indagaciones, los agentes del EDOA -Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Benemérita- concluyeron que existía ingresos no justificados en el número de cuenta de una mujer, una de las principales procesadas, y que los mismos se correspondían con el pago de cantidades de drogas entregadas en el centro penitenciario de Santoña a diversos presos consumidores.

Esta actividad era organizada por uno de ellos, compañero sentimental de la anterior, y que se enfrenta igualmente a las mayores penas solicitadas a los involucrados en esta trama. Los efectivos llegaron a este extremo tanto por el seguimiento de la actividad económica como por algunas aprehensiones de drogas realizadas en el penal, además de por informes que apuntaban a ello "de forma objetiva".

Ante la existencia de numerosos indicios, la investigación se completó con una serie de intervenciones telefónicas, llevadas a cabo desde mayo de 2015, a partir de las cuales se dedujo "con claridad" que este hombre era quien dirigía las actividades ilícitas, ayudado por su mujer y otro varón, que se encargaba de conseguir la droga de diversos proveedores para introducirla en la cárcel, "conformando así un grupo criminal dirigido a tales menesteres con vocación y permanencia".

ACUSADOS Y PENAS

En total, están acusadas 24 personas, de distintos delitos contra la salud pública -drogas que causan grave daño y otras que no-, de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Por este último, están imputados la pareja. Él se enfrenta a un total de ocho años y ocho meses de prisión, y ella a ocho años, que pide para cada uno el fiscal, que también les reclama multas de al menos 27.000 euros.

Para el tercer encausado, la acusación pública solicita cuatro años y medio de cárcel y el pago de 9.000 euros. Y el resto de los procesados se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre un año y seis meses y seis años de prisión, y diversas cantidades económicas, entre las que destacan sendas multas de 600.000 y 390.000 euros, además de otras de 350.000, 250.000, 200.000 ó 180.000, siendo la cuantía más baja requerida de 200 euros.

El representante de la Fiscalía no exige multa a uno de ellos al no haberse aprehendido cantidad alguna de droga, pero sí se enfrenta a un año y nueve meses de cárcel. Y, por otro lado, interesa la agravante de reincidencia para otro, para el que pide seis años de prisión y multa de 600 euros.

De las actuaciones practicadas destaca la detención de tres sospechosos, en febrero de 2016, tras la entrega de una partida de hachís y el traslado de la mercancía por parte de dos de ellos hasta un garaje situado cerca del domicilio del tercero, en la localidad vizcaína de Lejona.

El trasvase se realizó de una furgoneta, en la que aparecieron 110 kilos de hachís en dobles fondos, a un coche, en el que se intervinieron cuatro paquetes de la misma sustancia con un peso aproximado de 16 kilos.

Los hechos han sido investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Santoña y el juicio está previsto en la Audiencia Provincial de Cantabria a mediados del próximo mes de octubre, como han indicado a esta agencia partes personadas en el proceso.